El Inicio del Fin de los Privilegios Fiscales

En el Congreso Nacional de Honduras ha comenzado un debate que no solo definirá el futuro fiscal del país, sino también quiénes cargarán con el peso del progreso. La Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se enfrenta a las diez familias más poderosas del país, representadas por títeres estratégicamente posicionados en el poder legislativo, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

Desde el golpe de Estado de 2009, las exoneraciones fiscales han vaciado las arcas del Estado, beneficiando a una élite empresarial intocable. Entre 2009 y 2023, se perdonaron más de 502,628 millones de lempiras, una cifra asombrosa que equivale a casi el 40% de los impuestos recaudados en ese mismo período. Mientras tanto, el pueblo hondureño ha visto cómo se acumulan las deudas públicas y se incrementan los compromisos financieros, sumiendo a la economía en un estado cada vez más fracturado.

La presidenta Xiomara Castro, junto al ministro de Finanzas Cristian Duarte y la ministra de Defensa Rixi Moncada, han dejado claro que este proyecto es crucial para revertir décadas de injusticia tributaria. Pero la oposición, liderada por figuras como Jorge Cálix, quien traicionó al Partido Libertad y Refundación (Libre), se ha convertido en una figura política con complejo de bufón. Según el arquetipo del psiquiatra Carl Jung, el bufón oculta sus inseguridades con comedia, distrayendo a los demás de sus verdaderas intenciones. Y en este caso, Cálix no solo intenta desviar la atención de sus vínculos familiares con el narcotráfico, sino que también utiliza su habilidad teatral para oponerse a la Ley de Justicia Tributaria, alineándose con los intereses de las familias más ricas del país.

Cálix se opone a la Ley de Justicia Tributaria con el mismo fervor con el que minimiza su conexión con Mario José Cálix, alias “Cubeta”, extraditado por narcotráfico. En público, dice que apenas lo conoce, como si solo fuera un primo lejano que aparece en las reuniones familiares con un six-pack de cervezas Imperiales o con algo más.

Pero la tragicomedia no termina ahí. Su hermana, Soraya Cálix, exjefa de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), también fue acusada de colaborar con las redes que debía desmantelar. Es irónico que mientras se debate una ley que busca corregir la injusticia fiscal que ha beneficiado a las élites — a las cuales Jorge defiende —, su familia aparece entre los que han hecho del “arte de la evasión” un negocio rentable. El mismo Cálix, en lugar de distanciarse y apoyar una ley que pondría fin a estos abusos, prefiere ser el vocero de las élites económicas que se oponen a cualquier cambio.

Este bufón político defiende a capa y espada los intereses de las élites que financian sus campañas, usando su habilidad para distraer con retórica y evasiones. Con frases ingeniosas y sonrisas ensayadas, Jorge Cálix se convierte en el protector de un sistema que perdona impuestos a los ricos mientras el pueblo se ahoga en deudas. Su oposición a la Ley de Justicia Tributaria no es más que otro acto en su tragicomedia política: una obra en la que él protege a los privilegiados y distrae al público con juegos de palabras, esperando que nadie note que, detrás del telón, su familia y los grandes empresarios que defiende han sido parte del mismo círculo oscuro que ha saqueado al país.

El bufón sigue en escena, riendo con los poderosos. Curiosamente, Cálix siempre parece tener una frase lista, justificando sus actos como si estuviera en un “stand-up” político: serio, pero con un toque de humor que te hace dudar si está hablando en serio o solo probando un nuevo material de comedia.

En la arena política, los partidos Nacional y Liberal han tomado posiciones cautelosas respecto a la ley. Algunos liberales, como Yury Sabas, han condicionado su apoyo a modificaciones sustanciales en la ley, mientras que otros, como los diputados nacionalistas Jorge Zelaya y Marco Midence, han manifestado su firme oposición, defendiendo los intereses de las élites que respaldan sus campañas. Estos sectores políticos han encontrado aliados en medios de comunicación como Televicentro, TEN Canal 10, HCH y en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quienes no escatiman esfuerzos en desacreditar la ley, utilizando también a la embajada de Estados Unidos como amplificador de su mensaje.

Una Oportunidad de Justicia para el Pueblo

Pero detrás de las maniobras políticas y los intereses de las grandes familias empresariales, esta ley representa una esperanza para el pueblo hondureño. Mientras que las diez familias más ricas pagan una cantidad ínfima de impuestos gracias a exoneraciones y privilegios fiscales, la población en general asume la carga económica del país. Según datos recientes, más del 56% del PIB hondureño se ve afectado por exoneraciones que benefician a las élites, mientras la ciudadanía paga impuestos sobre bienes básicos y enfrenta una deuda pública creciente.

La Ley de Justicia Tributaria busca cambiar esa realidad, poniendo fin a décadas de abuso y desigualdad. Este es el momento para que el pueblo hondureño salga a las calles y apoye una ley que puede representar un futuro más justo y equitativo. Si no es ahora, ¿cuándo? Honduras ha sido históricamente un país donde las élites económicas han dictado las reglas del juego. Pero esta ley ofrece una oportunidad para cambiar las reglas, equilibrar la balanza y asegurar que los recursos del Estado beneficien a todos y a todas, no solo a unos pocos.

El llamado es claro: respaldar esta ley significa respaldar un futuro de justicia para Honduras, un país que necesita romper las cadenas de la desigualdad. La aprobación de esta ley podría significar una nueva era en la que los más ricos paguen lo que les corresponde, y donde el pueblo hondureño ya no tenga que cargar con el peso de los privilegios ajenos.