Esta visión no surge del voluntariado político, sino de un principio universal: la justicia como equidad, que sostiene que la desigualdad solo es legítima cuando beneficia a los más desfavorecidos. En el caso hondureño, esto implica reconocer el profundo sentido redistributivo que deben tener las políticas económicas y comprender que las desigualdades dejan de ser aceptables cuando sacrifican la dignidad humana.
Un sistema económico injusto reproduce relaciones de poder desequilibradas, concentra privilegios dentro del sistema productivo y acumula riqueza de manera distorsionada, a costa del empobrecimiento, la exclusión y la subordinación económica y política. En otras palabras, es la contradicción entre el esfuerzo social y la inequitativa apropiación privada de sus resultados.
Aumentó la desigualdad en Argentina: el 10% más rico del país concentra el 43,7% de los ingresos, según un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. pic.twitter.com/fJopEX4HPk
— elDiarioAR (@elDiarioAR) September 24, 2024
Así que la pregunta es obligada: En nuestro contexto hondureño, ¿cómo podemos alcanzar la justicia económica?, y la respuesta nos lleva a buscarla a través de impuestos justos en el mercado de bienes y servicios, tasas de interés justas en el mercado financiero y salarios justos en el mercado de trabajo.
La justicia económica empieza en el sistema tributario, porque es ahí donde el Estado decide quién paga, cuánto paga y para qué paga, por lo que un impuesto justo no se mide por cuánto se recauda, sino por cuánto corrige la desigualdad.
Por eso la Ley de Justicia Tributaria no es solo técnica, es ética: busca que el mercado de bienes y servicios deje de ser un espacio donde la desigualdad se disfraza de tecnicismo y competitividad, y se convierta en un instrumento de equidad, donde el éxito económico no se construya sobre el privilegio, sino sobre la contribución justa.
Honduras avanza hacia una Ley de Justicia Tributaria que permita tener un sistema económico más justo y sin corrupción. ⚖️🇭🇳#JusticiaTributariaHn pic.twitter.com/ARpXaEzkup
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) May 16, 2023
Por otro lado, un mercado financiero desequilibrado, donde el rico accede a créditos baratos y el pobre accede a créditos caros produce mayor desigualdad estructural, así que, si la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, una tasa justa es aquella que no convierta el futuro en deuda impagable, por eso, es que democratizar la economía exige democratizar el crédito.
🚨#Comunicado | Honduras en riesgo de ser catalogado como paraíso fiscal si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria.
La presidenta @XiomaraCastroZ y su gabinete económico hacen un llamado urgente al Congreso Nacional: aprobar esta ley es la única vía para resguardar la… pic.twitter.com/g7X33j9rvS
— SAR (@SARHonduras) September 3, 2025
La tasa de interés debe reflejar no solo el costo financiero del dinero, sino también el valor social del desarrollo que produce, porque un préstamo de una microempresa que genera empleo e inclusión no puede tener el mismo costo que uno destinado a la especulación o la importación de bienes de lujo.
Finalmente, la justicia económica se concreta en el trabajo, porque Honduras puede tener estabilidad macroeconómica, pero si el salario no cubre el costo real de la vida, esa estabilidad se sostiene sobre los cimientos de la desigualdad.
🏛️ “La ANMPIH respalda el proyecto de #𝐋𝐞𝐲𝐃𝐞𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 porque viene a hacer justicia a nosotros el sector económico más importante y que genera más empleo, pero que es el más vulnerable”.
Esperanza Escobar, representante de las Micro, Medianas y… pic.twitter.com/okfblgM1yZ
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) May 12, 2023
Si la justicia tributaria redistribuye desde los impuestos del Estado, y la justicia financiera democratiza el crédito, la justicia laboral redistribuye desde el valor mismo de los salarios. Porque el salario justo, a diferencia del salario mínimo, incorpora el principio de suficiencia; su meta no es simplemente evitar la pobreza, sino garantizar una vida digna: alimentación, vivienda, salud, educación y jubilación.
La justicia económica es la base ética para la democratización de la economía. Solo cuando el Estado cobra con equidad, el mercado presta con ética y el trabajo se paga con dignidad, la libertad deja de ser privilegio y se convierte en derecho.
