La retórica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), manifiesta que la propuesta de Ley de Justicia Tributaria correrá a la inversión extranjera y destruirá los empleos en el país; como comparsa, la bancada del partido nacional refiere que la mencionada ley es una medida descabellada y pone en peligro los empleos de los hondureños.
Para el Banco Mundial (BM), Honduras es uno de los países más desiguales del mundo. Para el caso, en el año 2019 informaba que alrededor de la mitad de la población (49,5 por ciento) vivía con menos de 6,85 dólares al día. Que la pobreza extrema alcanzó 12,7 por ciento y la desigualdad, medida por el índice de Gini, llegó a 48.2 ese mismo año. Esta realidad ha llevado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas para que, al menos, se disminuyan esos índices de desigualdad, pobreza y extrema pobreza.
Fue el martes 25 de abril del 2022 a la 1:00 A.M. que en Consejo de Ministros se aprobara la Ley de Justicia Tributaria. Esta ley contiene 41 artículos, y que, en palabras de Marlon Ochoa, exdirector del Servicio de Administración y Rentas (SAR), esta ley “busca crear un sistema tributario justo y transparente”; y que, de igual manera, “estamos iniciando un trayecto hacia la generación de riqueza compartida, atracción de inversión extranjera y generación de centenares de nuevos empleos”.
Pero más allá de las declaraciones de Marlon Ochoa lo que se busca con la mencionada ley es lo siguiente: No derogar arbitrariamente las exoneraciones vigentes, pues se respetará la seguridad jurídica de las empresas y se reconocerán sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente. Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas.
Cambiar el principio de renta territorial al mundial, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos en el exterior. De igual manera se buscará eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Asimismo, se creará dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Esta propuesta que debería ser apoyada por todos los sectores, ha causado malestar en los sectores políticos de oposición, a pesar de que su implementación traerá beneficios a los más desfavorecidos del país: a esos que como se escribió arriba se alimenta con 6,85 dólares al día. A esos 5 millones de hondureños que dormirán sin llevar bocado alguno a sus estómagos. Ha sido motivo suficiente para que un reducido pero poderoso sector le haya declarado la guerra al gobierno en general y a la Ley de Justicia Tributaria en particular.
¿Cuáles serían los beneficios de aprobarse la Ley de Justicia Tributaria? Serían muchos como se verá a continuación: Permitiría multiplicar por 45 el presupuesto de merienda escolar, que otorga diariamente una ración fresca de alimentos con alto contenido nutricional a un millón de niños que integran hogares en extrema pobreza; aumentará 33,6 veces el presupuesto para las 100 mil becas solidarias educativas y 27 veces el presupuesto para el bono tecnológico productivo que beneficia a 300 mil pequeños productores/familias agrícolas. Esto equivale a 18 veces el financiamiento para el Fondo Hondureño de inversión social, destinado a la construcción de centros escolares, ejecución de proyectos como red agua potable, alcantarillado, alumbrado público, equipamiento social y pavimentación. Lo que equivale también a 572 veces los presupuestos conjuntos de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y la Secretaría de asuntos de la mujer.
En resumen, la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria traería muchos beneficios para el país, específicamente para el hondureño excluido del sistema. No obstante, a pesar de los beneficios que traería dicha normativa hay poderosos sectores que se oponen a la misma, simplemente por no perder sus privilegios. Pero a pesar de ello el gobierno debe continuar impulsando dicha ley para el beneficio de la mayoría. De los pobres. De los excluidos.
